Revista especializada en juicios orales

Sentencian a extorsionador a una pena indefinida

Chihuahua, Chih.- En tiempos tan “negros”, de excesiva violencia como se vive actualmente en México y de manera particular en el estado de Chihuahua, resultaría más que absurdo, vergonzoso que la fuerza de la justicia no se aplique debido a un error de los legisladores.

Tal es el caso que por un error atribuible a los legisladores locales podría quedar libre un delincuente ya sentenciado por el delito de tentativa de extorsión agravada, pues en la creación de la norma se les pasó incluir una pena exactamente aplicable para este tipo penal.

Se trata de la comisión de un delito muy grave, que si bien en el presente caso quedó en tentativa, no fue por decisión del delincuente, sino porque fue arrestado antes de que lo perpetrara. Pues de haberlo consumado la pena hubiera sido de prisión vitalicia.

En primera instancia, el 18 de octubre del presente año un Tribunal Oral sentenció a César David Levario Nieto a 5 años 7 meses de prisión, sin beneficio de la libertad condicional por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

El Tribunal Oral que resolvió el caso contra Levario Nieto, estuvo integrado por los jueces Alfonso Campos Trujillo en su calidad de presidente, Gerardo Javier Acosta Barrera, como juez redactor, y Adalberto Verces Baca como tercer integrante, quienes por unanimidad calificaron como suficiente y veraz la prueba aportada por el Ministerio Público para demostrar la culpabilidad del acusado.

 

Declaran Víctimas

 

En la audiencia de debate los jueces escucharon en primer lugar la declaración del ofendido J.O.G., quien afirmó que el 24 de diciembre del 2010 arribaron a su domicilio seis personas en un vehículo Cherokee verde, que estos hombres fueron atendidos desde una ventana por su niña, a quien insultaron y amenazaron con “mocharle la cabeza” junto con toda su familia si no entregaban una cantidad de dinero y desocupaban la casa.

J.O.G. precisó que el mismo día los hombres regresaron en un automóvil Tsuru blanco para exigir de nueva cuenta, mediante amenazas e insultos, el dinero, que le informaron que los tenían vigilados. Declaró que en el vehículo iba una mujer y cuatro hombres quienes dijeron que trabajaban para “El Chapo”.

Primero exigieron la entrega de 500 pesos, después mil 500 y al final 5 mil pesos, dinero que debían entregar en una tienda Oxxo que se ubica en las calles 11 y Justiniani.

J.O.G. reconoció al acusado como uno de los extorsionadores y señaló que al momento que él y su familia fueron víctimas de las amenazas, César David Levario empuñaba un arma tipo escuadra color negro.

 J.O.G. no fue contrainterrogado por la defensa

Cabe mencionar que en la misma audiencia el agente del Ministerio Público incorporó como prueba un arma tipo escuadra, color negro, marca Daisy, modelo Power Line 008, calibre punto ciento setenta y siete milésimas de pulgada, con número de serie 7H00240.

El Tribunal Oral escuchó el testimonio de la señora A.G.H., quien relató que el 24 de diciembre aproximadamente a las diez de la mañana vía telefónica su esposo J.O.G. le informó que llegaron seis sujetos a su casa, que casi tiraron la puerta, insultaron a su hija y los amenazaron con “mocharles la cabeza” si no les entregaban dinero. Después de esa llamada acudió de manera inmediata a su domicilio.

En cuanto arribó a su casa, junto con su esposo empezaron a sacar los muebles al tiempo que recibieron una llamada de los extorsionadores, donde les aseguraron que no estaban jugando y de nueva cuenta los amenazaron con “mocharles la cabeza”, por lo que ellos les contestaron que ya andaban consiguiendo el dinero.

Recordó que el mismo día los hombres regresaron en un vehículo Tsuru blanco, exigiendo de nueva cuenta el dinero, asegurándoles que si no lo entregaban pasarían la Navidad con las cabezas de sus hijos en la mesa.

En la misma audiencia, A.G.H. señaló a César David Levario como uno de los hombres que acudió a su hogar a amenazarla y a exigirle la entrega de dinero.

Los jueces encontraron también revelador el testimonio de la menor F.F.O., quien dijo que el día 24 de diciembre atendió por la ventana de su casa a unos hombres, quienes le dijeron groserías y amenazaron con matar a su familia. Subrayó que las mismas personas regresaron el mismo día en un vehículo Tsuru blanco. La declaración de F.F.O. fue coincidente con la de sus padres.

 

Peritaje Balístico

 

Testificó también en el juicio José Reyes Castañeda Figueroa, perito en materia balística, quien precisó que realizó un informe de caracterización sobre un arma de postas o municiones, marca Daisy. El perito enfatizó que si bien el arma no era de fuego, sin embargo podía causar lesiones y hasta la muerte. Insistió en que el funcionamiento del arma de postas se asemejaba a un arma de fuego.

De especial interés fueron los testimonios de los agentes de Seguridad Pública Municipal Carlos Fernando Flores Armendáriz y Raúl Sauzameda Álvarez, quienes a interrogatorio directo del Ministerio Público manifestaron que conocieron sobre el caso a través de una llamada telefónica, en la cual les avisaron que unos hombres estaban intentando extorsionar a una familia mediante amenazas de muerte. Por lo que inmediatamente procedieron a vigilar el domicilio de donde solicitaron el apoyo. Sin embargo transcurrido un tiempo les comunicaron que los extorsionadores habían regresado al domicilio en un vehículo diverso, que era un Tsuru blanco, por lo que procedieron a su búsqueda, localizándolo en la calle 27 y Urueta, e iban a bordo dos hombres.

Los policías reconocieron a César David Levario como uno de los hombres que tripulaban el Tsuru blanco y quien portaba un arma de fuego.

 

Finaliza el Juicio

 

En su alegato de clausura, el Ministerio Público aseguró que demostró sobradamente que el acusado cometió el delito de extorsión en grado de tentativa con penalidad agravada y se refirió de manera particular a las amenazas que vertió el acusado en contra de una familia, para lo cual utilizó una pistola de características similares a las de un arma de fuego.

Precisó también que César David Levario actuó en forma dolosa, y que si bien no logró la entrega del dinero ni la desocupación de la casa, fue por causas ajenas a su voluntad, pues fue detenido por policías municipales.

Cabe mencionar que el defensor no emitió alegatos de clausura.

Al emitir la sentencia, el Tribunal Oral enfatizó que después de valorar de manera libre toda la prueba, acorde a la sana crítica y sin contradecir los principios de lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados tuvieron por acreditado el hecho de la acusación, es decir la participación de César David Levario Nieto como coautor material que ejecutó el delito de manera consciente y voluntariamente.

 

Recurso de Casación

 

En total desacuerdo con la pena impuesta por el Tribunal Oral, el 19 de octubre del 2011 Héctor García Aguirre, defensor público de César David Levario, interpuso el recurso de casación en contra de la sentencia dictada a su representado.

Como parte del recurso, García Aguirre argumentó que la sentencia no está decretada por una ley exactamente aplicable al delito por el que se le condenó, como lo exige el artículo 14 párrafo tercero de la Constitución Mexicana.

El defensor sustentó el recurso de casación también en diversas sentencias, criterios e interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Como parte de sus consideraciones, Héctor García precisó que los hechos por los que se sentenció a su defendido ocurrieron el 24 de diciembre del 2010 y que para esa fecha el delito de extorsión agravada en grado de tentativa se encontraba previsto y sancionado por los artículos 231 fracción I y 75 del Código Penal del Estado.

Para entonces, la extorsión agravada se castigaba con prisión vitalicia y la tentativa con una pena de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar.

García Aguirre aclaró que resulta imposible determinar el tiempo exacto de vida de una persona y, por ende, imposible calcular el tercio de vida en este caso de César David Levario Nieto.

Recordó que el legislador chihua-huense, en la exposición de motivos de la reforma del artículo 75 del Código Penal del 7 de mayo del 2011,  reconoció que la pena para el delito de extorsión tentada era inmensurable, es decir indeterminada.

En este mismo punto, el defensor se refirió a una de las primeras interpretaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación del principio de legalidad, previsto en el párrafo tercero del artículo 14 Constitucional que sostiene que:

“Toda pena que no esté expresamente determinada en una ley se considera indeterminada, y ningún Juez podrá imponérsela a nadie, a riesgo de vulnerar la garantía de exacta aplicación de la ley; la persona perjudicada tendría que interponer un juicio de amparo para que se le reparara el daño sufrido.”

Como parte de su argumentación, Héctor García citó además la postura de reconocidos jurisconsultos, entre ellos la del catedrático de la Universidad Autónoma de México, Marco Antonio Díaz de León, quien enfatiza que:

 “En nuestro sistema punitivo el principio de legalidad es de capital importancia, en virtud de que evita no únicamente la indebida aplicación del ius puniendi (derecho a sancionar), sino que impide el abuso del poder político jurisdiccional, y es por ello que ha merecido ser sostenido en nuestra Constitución Política en el artículo 14, al disponer que queda prohibido imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.

En la parte final del escrito con el cual Héctor García interpuso el recurso de Casación, subrayó:

“Considero que el fallo último que pueda surgir de esta demanda, en caso de resultar la imposibilidad jurídica de imposición de una pena, habrá de reprochársele al hacedor de la ley porque ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial del Estado ni la Defensoría Pública cometieron el desatino de dejar un tipo sin penalidad determinada; como defensor penal público asumo mi obligación de velar por el exacto cumplimiento de la Ley y cada quien debe asumir su responsabilidad”.




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